En la gestión pública es imprescindible definir en forma clara el rumbo estratégico que se desea lograr en el largo plazo, con un monitoreo permanente para efectos de mejorar la eficiencia que integre las demandas ciudadanas con el enfoque de la gestión participativa evaluadora, por lo cual cuenta la importancia de poseer indicadores de gestión que se enfoquen en el desarrollo, es decir el impacto social, económico y tecnológico.
Sin embargo, es fácil identificar la limitación de los funcionarios que laboran en la gestión pública al diseñar indicadores de gestión, que resquebraja la capacidad de seguimiento por parte de la ciudadanía para comprobar si realmente se están cumpliendo los objetivos institucionales y que estén integrados a nivel local, nacional e internacional.
Lamentablemente la ausente capacidad de planificación prospectiva estratégica basada en indicadores de gestión sistemáticos conlleva a que no se gestione de forma óptima los recursos económicos asignados, y provoque que las autoridades estimulen a la ciudadanía la creencia que sus transferencias económicas son limitadas, cuando lo que realmente es una falta de capacidad técnica sumado a la falta de medición de resultados sean mal utilizados y no se utilicen eficazmente.
Se hace necesario que establecer atribuciones a una entidad superior que fiscalice el seguimiento de la implementación de los indicadores de gestión con capacidad de sancionar económicamente en caso de incumplimiento.
Los indicadores de gestión de deben poseer como características ser específicos, transcendentales, cuantificables, entendibles, proporcionales, y que midan el impacto sostenible. Se trata de constituir una cultura de resultados trasversales y visionarios que contextualicen la posición de la entidad pública con las expectativas de contribución para el desarrollo sostenible de la comunidad.
participativa evaluadora
